Max Jungreis | VOA Noticias

La investigación del fiscal especial Robert S. Mueller III sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 ha dominado el debate político en los últimos dos años. Sin embargo, se trata solo de la más reciente en una serie de investigaciones de escándalos gubernamentales de alto perfil que han atormentado a las administraciones pasadas y han llevado a numerosas condenas.

A pesar de que los fiscales independientes han tenido diferentes títulos a lo largo de las décadas y han sido nombrados de diferentes maneras —fiscal especial, fiscal independiente, asesor especial—todos desempeñaron una función similar: investigar presuntos delitos cometidos por funcionarios del gobierno y ciudadanos, ya que permitir al Departamento de Justicia u otras agencias federales manejar la investigación podría resultar en un conflicto de intereses.

La primera investigación realizada por un fiscal especial se remonta a 1875, cuando el presidente Ulíses S. Grant fue nombrado por John B. Henderson para investigar el escándalo fiscal del “Anillo del Whiskey”, en el que algunas destilerías chantajearon a funcionarios del Servicio de Rentas Internas y sus socios para desviar ingresos fiscales. La investigación resultó en 238 imputaciones y 110 condenas, no antes de que Grant despidiera a Henderson cuando la evidencia comenzó a señalar al círculo interno de Grant y el secretario personal y amigo del presidente, el general Orville Babcock. Babcock finalmente fue absuelto, después de que Grant declaró en su defensa.

La investigación más prominente de este tipo comenzó con el escándalo conocido como ‘Watergate’ durante la administración de Richard Nixon, seguida por las investigaciones durante los gobiernos de Ronald Reagan, George H.W. Bush y Bill Clinton.

Luego de casi un año y medio, la investigación del fiscal especial Mueller ha costado un total de 25.100 millones de dólares de acuerdo al último reporte de gastos publicado por la oficina de Mueller el 14 de diciembre del 2018.

El nuevo informe cubre el periodo entre abril y septiembre y es el tercer reporte de gastos incrementales presentado por Mueller desde que se hizo cargo de la investigación el 17 de mayo del 2017. La cifra total cubre tanto lo que la oficina del fiscal especial gastó en personal, viajes, alquileres, accesorios de oficina y gastos relacionados como lo que el Departamento de Justicia gastó en actividades y costos relacionados con la investigación de la intromisión rusa en las elecciones del 2016.

Trump ha dicho repetidamente que la investigación es una “caza de brujas” derrochadora y ha afirmado, sin documentación, que ha costado más de 40 millones.

Estas son algunas de las investigaciones de fiscales especiales más relevantes, comenzando por Watergate.

1973-1977

La investigación Watergate

Resumen: Tras los reportes del Washington Post y otros medios de comunicación que su administración había orquestado un allanamiento en la sede de la Convención Nacional Demócrata y luego lo ocultó, el presidente republicano Richard M. Nixon designó a Elliot Richardson como fiscal general y le dio el poder de nombrar a un fiscal especial. Richardson eligió al profesor de derecho de Harvard, Archibald Cox, para la labor el 19 de mayo de 1973.

Cox emitió una citación judicial a la Casa Blanca para obtener las grabaciones de Nixon sobre el encubrimiento. Nixon ordenó a Richardson y al entonces vicefiscal general, William Rucklehaus, despedir a Cox. Ambos renunciaron en protesta. El procurador general despidió posteriormente a Cox. El incidente se conoce como ‘La masacre del sábado por la noche’.

En medio del rechazo público, Bork nombró a un segundo fiscal especial –Leon Jaworski, otro profesor de derecho– para continuar la investigación. Jaworski, junto a los comités del Congreso que investigaban el allanamiento presionaron a la Casa Blanca para que se publicaran las cintas y otros documentos. La Corte Suprema de EE.UU. finalmente falló el 24 de julio de 1974 que Nixon tenía que entregar las grabaciones y los documentos a una corte federal de distrito.

Con rumores de una destitución recorriendo la Cámara de Representantes, el presidente renunció en agosto de 1974 y luego fue indultado por su sucesor, el presidente Gerald R. Ford.

El resultado: decenas de funcionarios de la administración fueron procesados, incluyendo 22 que fueron encarcelados. Nixon se convirtió en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en renunciar. Los eventos de Watergate condujeron a la aprobación de la Ley de Ética en el Gobierno de 1978, la cual estableció una serie de leyes formales y protecciones para los fiscales especiales. Las reglas fueron modificadas posteriormente.

1986-1993

Caso Irán-Contra

Resumen: En 1986, un panel de jueces nombró al exfiscal general Lawrence Walsh como fiscal especial para investigar el Caso Irán-Contras, un conspiración que involucraba la venta ilegal de armas de Irán y el desvío de millones de dólares en ganancias al grupo anti-Comunista Contras en Nicaragua.

La investigación de siete años de Walsh condujo a las condenas del teniente coronel Oliver North, quien organizó la transferencia monetaria a los Contras; el contralmirante John M. Poindexter, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) que aprobó la transacción y el anterior jefe del NSC, Robert C. McFarlane, quien estableció el acuerdo de armamento con Irán.

Casi al final de su presidencia, en diciembre de 1992, el presidente George H.W. Bush indultó a varios de los funcionarios involucrados, incluyendo a McFarlane y el Secretario de Defensa, Caspar Weinberger.

Resultado: Catorce personas fueron acusadas, seis de las cuales fueron indultadas. Poindexter renunció y su condena fue anulada en apelación. North fue despedido, pero también logró que su condena fuera revocada. Cinco de los acusados fueron finalmente castigados. Una persona, el empresario Thomas Clines, cumplió 16 meses de prisión.

1994-2004

Whitewater a Monica Lewinsky

Resumen: Una investigación sobre bienes raíces en Arkansas dio un giro inesperado en la década de los 70 y provocó una investigación federal en 1994 que abarcó varios escándalos —incluyendo el asunto de Monica Lewinsky– durante la presidencia de Bill Clinton. La investigación múltiple se alargó hasta después del mandato de Clinton y costó más que cualquier otra investigación especial en la historia de Estados Unidos.

La investigación se centró inicialmente en las transacciones de la empresa Whitewater Development, una inmobiliaria de vacaciones en la que Clinton y su esposa, Hillary, invirtieron cuando Clinton era fiscal general de Arkansas en 1978. Su socio en el acuerdo, el banquero James McDougal, fue condenado años más tarde por delitos financieros que cometió mientras trataba de recuperar sus pérdidas.

La fiscal general de Clinton, Janet Reno, nombró como fiscal especial a Robert B. Fiske en enero de 1994 a petición del presidente. En agosto de ese año, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. retiró a Friske de la investigación, concluyendo que su nombramiento por parte de Reno se había visto afectado por un conflicto de intereses. Friske fue reemplazado por Kenneth Starr, un exjuex federal y procurador durante las administraciones de Reagan y Bush.

Durante los siguientes tres años, la investigación de Starr descubrió una maraña de mala conducta financiera entre los asociados de Clinton que condujo a condenas para McDougal, su esposa, Susan y el gobernador de Arkansas, Jim Guy Tucker.

En enero de 1998, Starr obtuvo grabaciones de la empleada del Pentágono, Monica Lewinsky, en las que hablaba sobre encuentros sexuales que aseguraba haber tenido con Clinton entre 1995 y 1997 mientras trabajaba como pasante en la Casa Blanca. Las grabaciones fueron tomada en secreto por una compañera de trabajo, Linda Tripp. Días después, el presidente juró en privado en una demanda por acoso sexual que no “tuvo relaciones sexuales” con Lewinsky.

En agosto de 1998, después de meses de especulación mediática y escaramuzas legales entre la investigación de Starr y la Oficina Oval, Clinton admitió ante un jurado que había tenido una “relación inapropiada” con Lewinsky. Después ese mismo día, en televisión, calificó al asunto como un “fallo crítico de juicio y un fracaso personal”.

En Septiembre, Starr present al Congreso un informe de 445 páginas y 30 cajas de evidencia de su investigación, que se prolongó por cuatro años. El informe alegó que existieron 11 ofensas criminales. Aunque el índice de aprobación del presidente se elevó a un récord histórico, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó para impugnarlo por los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia. El Senado votó para absolver a Clinton de los cargos, permitiéndole permanecer en el cargo.

Resultado: Más de 15 personas fueron condenadas por docenas de crímenes relacionados con el escándalo de Whitewater. Bill Clinton se convirtió en el segundo presidente de la historia de Estados Unidos —después de Andrew Johnson–en ser impugnado.

2003-2008

Investigación filtrada sobre Valerie Plamen

Resumen: En el 2003, el entonces fiscal general James Comey nombró a Patrick Fitzgerald para investigar la filtración de la identidad secreta de la agente de la CIA Valerie Plame. Muchos comentaristas sospechaban que la administración Bush había filtrado la identidad de Plame como represalia contra su marido, el exembajador de EE.UU., Joseph C. Wilson, quien había publicado en el New York Times una columna de opinión que criticaba las justificaciones de la administración para la inminente invasión de Irak.

El fiscal especial entrevistó a una serie de figuras del gobierno y de los medios, incluyendo al presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney, al igual que a periodistas y editores de Time, el Washington Post y el New York Times.

Judith Miller, una reportera del Times que conoció la identidad de Plame pero no la reveló, pasó 85 días en prisión en el 2005 por negarse a revelar su fuente—el jefe de gabinete de Cheney, I. Lewis ‘Scooter’ Libby.

Tiempo después Libby renunció después de ser imputado por obstrucción de la justicia, perjurio y falso testimonio. Fue encontrado culpable el seis de marzo del 2007 de cuatro de los cinco cargos y sentenciado a 30 meses de prisión, dos años de libertad vigilada y una multa de 250,000 dólares. Bush conmutó su sentencia antes de que entrara en prisión. Fue indultado por el presidente Donald Trump en abril del 2018.

Resultado: La periodista Ruth Miller fue encarcelada. Libby fue la única persona condenada por un crimen, pero no fue a prisión. Las informaciones de los medios y la evidencia publicada vincularon a varios altos cargos de la administración a la filtración, incluído, Cheney, pero ninguno fue condenado.

Este artículo está basado en reportajes de CNN y The Washington Post, investigaciones de la Brown University, al igual que documentos publicados de la oficina del fiscal especial, el Servicio de Investigación del Congreso y la Oficina de Publicaciones de Estados Unidos. El Estimado de los costos es de la Fundación A-Mark.