El Mecanismo

Como reportero de un periódico en Reynosa, una ciudad de aproximadamente 700.000 habitantes, González nunca pensó que volvería a enfrentarse a su secuestrador.

Pero ahí estaba el hombre, exigiendo la contraseña del iPad del periodista.

Sin saber qué hacer, González se rindió. Recuerda haberse sentido conmocionado, impotente. Lo peor de todo, era el temor de saber que el secuestrador había visto los rostros de sus hijas.

El encuentro tuvo lugar pocos meses después de que González fuera “levantado”, un término mexicano para describir cuando un periodista es secuestrado, a menudo amenazado y golpeado por cubrir una historia que a alguien no le gustó.

“Se te acerca un vehículo con gente armada… Te interceptan y te ponen algo en la cabeza para que no veas. Te suben a un auto y de ahí te vas”, dijo González a la Voz de América desde su oficina de “El Mañana”, en Reynosa. “En algunas ocasiones (la familia y la policía) pueden encontrarte, y en otras, nadie puede encontrarte”.

Los periodistas mexicanos viven con el riesgo constante de convertirse en víctimas de delitos violentos. “El país es el más peligroso para los comunicadores en el hemisferio occidental”, según grupos de medios. Los reporteros son amenazados, secuestrados y agredidos e incluso asesinados durante su jornada de trabajo en virtud de su labor periodística.

Un clima de impunidad agrava el peligro, aseguran los expertos. González denunció su ataque a la policía, pero nadie ha comparecido ante la justicia.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), México se encuentra en la sexta posición como peor país del mundo para enjuiciar los asesinatos de periodistas. México está justo por debajo de Somalia, Siria y Afganistán, donde la guerra y los disturbios masivos bloquean la justicia.

Desde 2012, el gobierno de México adoptó medidas para abordar el problema, incluyendo el establecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pero si bien el programa luce bien en el papel, los periodistas dicen que éste no reduce las posibilidades de ser amenazados o “levantados” en la calle.

​​En junio, Gustavo Sánchez Cabrera, un reportero inscrito en el mecanismo, fue asesinado a tiros frente a su hijo adolescente en el estado de Oaxaca.

“Conocemos muchos casos en los que los periodistas incorporados al programa de protección están lidiando con emergencias, como tiroteos frente a su casa, la sensación de ser seguidos, reciben amenazas y el mecanismo, simplemente, no responde”, le dijo a la Voz de América Jan-Albert Hoosten, representante del CPJ en México. Algunos casos, como el de Gustavo Sánchez, han tenido consecuencias mortales.

González ha estado inscrito en el programa de protección del gobierno durante casi cuatro años. Todavía recibe amenazas anónimas. En enero, algunas personas no identificadas en un automóvil fueron vistas tomando fotos de su casa y del edificio donde trabaja.

Peligro a cada paso

Los que corren mayor riesgo de ser “levantados” son los periodistas que investigan temas de corrupción, política, seguridad y justicia, particularmente en ciudades cercanas a la frontera de México con Estados Unidos, dijo Pedro Cárdenas Casillas, coordinador de protección de “Artículo 19”, una organización de defensa de la libertad de expresión.

“Cada 12 horas un periodista es amenazado”, dijo Cárdenas al describir el peso de los datos y las llamadas al Artículo 19. “Recordemos que en México los asesinatos son una situación permanente”.

Reynosa, en el estado fronterizo de Tamaulipas y a pocos kilómetros de Texas, es considerada una de las ciudades más peligrosas de México y es justamente el lugar donde trabaja González.

La región tiene una triste reputación de violencia impulsada por el crimen organizado y bandas rivales que luchan por las rutas de tráfico de drogas y de personas. Los secuestros y los asesinatos múltiples o masacres, son comunes. En junio, hombres armados mataron a 14 personas en un día, incluidos taxistas y un estudiante. Y en septiembre la policía analizaba los restos humanos encontrados en las afueras de Reynosa.

Durante el verano de 2021, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió una alerta para “No viajar” a Tamaulipas, advirtiendo sobre la existencia de “actividades del crimen organizado, incluidos tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, secuestro de autos, secuestro de personas, desapariciones forzadas, extorsión y agresiones sexuales”.

“Grupos criminales fuertemente armados, patrullan áreas desde Reynosa a Nuevo Laredo”, dice el aviso.

A pesar de los peligros habituales, el día en que secuestraron a González, el 11 de mayo de 2018, era una jornada como cualquier otra. Se le asignó cubrir una historia sobre el hallazgo de unas bolsas que contenían partes de cuerpos en un estacionamiento en Río Bravo, población en las afueras de Reynosa.

Los hombres le vendaron los ojos y lo arrastraron a un vehículo. Poco después, lo empujaron fuera del auto y le pidieron desbloquear su teléfono.

“¿Quien te envió?”, preguntó uno de los secuestradores.

“Nadie. Trabajo para el periódico”, dijo González.

González no supo cuántos hombres estaban presentes, pero varias voces exigieron saber para quién trabajaba y si era informante de una pandilla rival.

“Me golpearon. Me golpearon en la cabeza y perdí el conocimiento”, le dijo González a la Voz de América, con la voz marcada por rabia y miedo.

Sus secuestradores le exigieron pruebas de que era periodista.

“Déjeme hacer una llamada”, dijo González.

González denunció su caso al Mecanismo de Protección, que además de ofrecer protección, se encarga de promover políticas públicas que garanticen la seguridad de los medios de comunicación y de los trabajadores pro derechos humanos.

“El mecanismo es una medida extraordinaria”, dijo a la Voz de América su director, Enrique Irazoque Palazuelos, desde la Ciudad de México. “Actuamos de una manera muy sencilla y muy práctica”.

“Estamos conectados con cualquier periodista, cualquier defensor de derechos humanos, por teléfono, por correo electrónico, vía WhatsApp. La verdad es que esto no limita nuestras acciones a la hora de identificar un riesgo y brindar la protección correspondiente”.

El mecanismo no tiene poder para investigar o enjuiciar delitos. En cambio, intenta reducir las probabilidades de nuevos ataques.

La agencia tiene una red de alrededor de 70 casas seguras en México que los reporteros y sus familias pueden usar si es necesario. También proporciona botones de pánico para que los periodistas puedan solicitar ayuda durante las emergencias.

No hay límite para la duración de la protección: los periodistas permanecen inscritos mientras se sientan en riesgo. Un asistente social lo verifica entre los seis y nueve meses. Para ser elegible, una persona debe estar bajo una amenaza real y la amenaza debe estar relacionada con el trabajo como periodista o como defensor de los derechos humanos.

“Cuando se trata del mecanismo federal en México, los problemas son innumerables, que van desde simples problemas operativos hasta problemas más estructurales”, aseguró Hootsen a la Voz de América. “Parece haber muy poco en términos de supervisión y sanciones cuando el mecanismo incumple sus deberes básicos, a pesar de que están incumpliendo sus obligaciones legales”.

Irazoque Palazuelos reconoce que el mecanismo tiene algunas deficiencias. Entre diciembre de 2018 y octubre de 2021, 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos fueron asesinados, dijo. Algunos de los cuales estaban inscritos en el programa.

El mecanismo utiliza un conjunto de criterios diferentes a los usados por los grupos defensores de la libertad de expresión, como el CPJ, que solo cuenta los casos en los que el periodismo fue el motivo.

Aún así, desde que comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, las solicitudes de protección han aumentado un 88%, según revelan los datos publicados por el mecanismo en octubre. El aumento se debe en gran parte a las amenazas de los cárteles de la droga y el crimen organizado, afirman los reporteros.

De las 1.506 personas actualmente inscritas, 495 son periodistas.

“El mecanismo no fue creado para resolver los problemas de violencia estructural de un estado o una región del país”, dijo Irazoque Palazuelos. El problema, describe, tiene menos que ver con el mecanismo y más con “no tener una política nacional en la que todas las autoridades asuman su responsabilidad”.

Perla Resendez López, periodista, está inscrita en el mecanismo pero duda de su efectividad. Cubre crímenes para los periódicos El Financiero y Expreso, en Ciudad Victoria, también en Tamaulipas.

Al igual que Reynosa, La Victoria está en la lista de alertas de “No viajar” del Departamento de Estado, y Tamaulipas cuenta con 46 casos de periodistas bajo el mecanismo de protección federal. Grupos de derechos fundamentales, incluido el CPJ, han dicho que los medios informan sobre amenazas regulares del crimen organizado.

Reséndez López se inscribió por primera vez en el mecanismo en 2012, después de que un coche bomba explotó frente a las oficinas de Expreso. Nadie murió, pero el dispositivo averió el edificio y los autos cercanos.

En 2018, el periódico volvió a ser blanco de ataques.

Reséndez López, reportera de seguridad durante la mayor parte de su carrera, dice que intenta mantener un perfil bajo en las redes sociales, sin compartir demasiadas publicaciones. Pero todavía recibe amenazas.

“No creo que el mecanismo funcione. Lo hice porque no quiero ser solo un número. Sé el riesgo que corro con mi trabajo, pero para mí es algo que no funciona”, dijo. “Te dan como un botón de pánico y un teléfono pequeño, donde puedes hacer llamadas”.

González también solicitó cámaras de vigilancia en su casa, pero asegura que el mecanismo rechazó la solicitud.

Irazoque Palazuelos dijo que su agencia planea fortalecer el sistema.

“Parte del plan es colaborar con otros países que tienen sistemas similares”. México planea sostener reuniones con Brasil, Colombia y Honduras para compartir ideas y crear un plan regional.

Mientras tanto, los reporteros hacen todo lo posible por mantenerse a salvo.

González, quien ha trabajado como periodista durante dos décadas, permanece en Reynosa cubriendo crímenes, muertes y accidentes. “Me he dedicado a seguir trabajando, pero tengo que admitir que a veces me autocensuro por seguridad y por mi familia”, confesó a la Voz de América.

Encontrarse con su secuestrador fue un recordatorio aterrador de lo vulnerable que es. Parte de ello es no saber por qué sus caminos se cruzaron una vez más.

¿Lo estaban siguiendo?, se pregunta. ¿O será que el atacante solo estaba haciendo sus compras?

“Tengo compañeros desaparecidos, y es algo que todavía me duele muchísimo, porque todos pensaban que yo estaba muerto”, dijo González.

“Eso todavía me persigue, todo el tiempo”.