El Micay Colombia:
un cañón
en guerra
La crisis de orden público
en el Cauca
Un especial de la Voz de América
En el departamento suroccidental del Cauca en Colombia están los municipios de El Tambo y Argelia, que confluyen en el cañón del río Micay y se distinguen entre los territorios con más presencia militar. A la vez, tienen los accesos más restringidos respecto al resto del país.
El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, confirmó a la Voz de América que hasta la fecha el Ejército Nacional continúa combatiendo a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en lo que describe como la "lucha de esos grupos por el control territorial y el control de las economías ilícitas" asociadas al narcotráfico.
No obstante, pese a la presencia de la fuerza pública, es imposible transitar por esta región sin el visto bueno de grupos armados que controlan la zona. Eso fue justo lo que hizo un equipo de la VOA, solicitar el visto bueno.
Una vez aprobada la petición, iniciamos un largo y complejo trayecto de cerca de 15 horas, desde Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, hasta llegar inicialmente al municipio de El Tambo, situado en el departamento del Cauca.
El recorrido nos condujo por varios pueblos, a través de un sinuoso camino compuesto de trochas y cerros tapizados con plantas de coca, hasta nuestro destino final: el corregimiento de El Plateado en el municipio de Argelia. Este sitio es conocido por ser escenario de constantes combates entre varios actores armados que ocupan uno de los más extensos enclaves cocaleros del país.
"Nosotros lo que hacemos aquí (en el laboratorio) es esperar que llegue el dueño de la hoja (de coca) ... Todos los sábados se saca el producto, pero se estanca porque no han dejado entrar compradores...".
Propietaria de un laboratorio de coca
Según datos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, los municipios del Cañón del Micay representan el 75 % de las 25.000 hectáreas de cultivos de coca del Cauca. El Plateado es también una puerta de salida a las costas del pacífico colombiano, por donde se trafica hacia el exterior cocaína, oro y otros recursos naturales.
Al alzar la vista hacia los cerros que surcan el corregimiento, se divisan campamentos del Ejército Nacional de Colombia que desde comienzos de 2023 despliega, bajo orden del presidente Gustavo Petro, la Operación Trueno, que tiene el propósito de recuperar el Micay para poner fin al conflicto armado y generar un diálogo entre el gobierno y la sociedad.
“Vivir en El Plateado es vivir en la zozobra todos los días”, dijo un residente que pidió no revelar su identidad por temor a represalias de las guerrillas. “Acá hay varios grupos armados ilegales que por la economía ilegal que tenemos se disputan la zona, y la presencia del ejército agravó la situación. Estamos en constante zozobra”, enfatizó.
Los enfrentamientos ocurren a cualquier hora, aunque las madrugadas son particularmente tensas, con helicópteros sobrevolando la zona mientras descargan sus ametralladoras. “Los lugareños siempre ponemos los muertos”, dijo el residente de El Plateado.
Leer más: 30 años del cultivo de coca en el Micay
Los grafitis con las siglas del ELN y las disidencias de las FARC abundan en paredes y vías por donde pasamos. Varios retenes se levantan en los caminos y trochas, algunos están vestidos con ropa de civil y en otros puntos son guerrilleros armados que visten traje de camuflaje. Ningún vehículo transita por vías, calles del casco urbano y zonas rurales aledañas sin el conocimiento o permiso previo del frente guerrillero que controla el área.
Quienes viven en la región portan las identificaciones que prueban que son residentes. Los que llegan de forma temporal deben entregar sus datos personales y tolerar una vigilancia estricta y permanente.
“Uno a veces está tranquilo, se acuesta relajado por la noche, pero a veces en la madrugada nos despiertan las bombas, los disparos, las ráfagas y eso hace que uno, día a día, viva más con miedo”, dijo otro lugareño que pidió no revelar su identidad por miedo a represalias.
El Mecanismo de Monitoreo Unificado de Riesgos a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que data de los acuerdo de paz de La Habana y tiene la función de administrar la justicia transicional y conocer los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016, reportó 348 conflictos en la zona desde el año 2020.
Edgar Alberto Velasco Tumiñá, líder indígena originario del Cauca y secretario del Movimiento de Indígenas del suroccidente colombiano, dijo a la VOA que en el 2023 fueron asesinados en el Cauca unos 40 dirigentes de esta comunidad como resultado del conflicto armado, y en lo que va de 2024 han muerto otros 20.
Tumiñá responsabilizó a los grupos armados: "Estos líderes asesinados han sido parte activa de la guardia indígena, de la resistencia, de la protección del territorio y de ejercicio de justicia propia en los territorios". A la vez expresó el rechazo de su comunidad al orden de cosas existentes en el Cauca.
"Para nosotros, los pueblos indígenas, hay una colonización que se sigue dando, moderna, asociada al conflicto armado, de utilización de territorios indígenas para el cultivo con fines ilícitos". El líder indígena dijo también que existe "un desplazamiento forzado" y "fuerte empobrecimiento" en esta zona a causa del antiguo conflicto.
Edgar Alberto Velasco Tumiñá, líder indígena
Edgar Alberto Velasco Tumiñá, líder indígena
Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación de Paz y Reconciliación de Colombia (PARES), catalogó de "momento crítico" la actual situación en el Cauca y confirmó que hace poco más de un año las acciones armadas se han concentrado en el municipio de Argelia, principalmente en el corregimiento El Plateado, como fue testigo la VOA.
Daza dijo que estos grupos armados emprenden sus acciones contra la fuerza pública y la población civil, así como contra los indígenas. "Han sido carne de cañón", reafirmó. Además argumentó que "más que ausencia del Estado", lo que ocurre a su juicio es una "presencia limitada" de este en los territorios mencionados.
"Hay una especie de gobernanza criminal adelantada por los grupos armados allá y por cuenta del contexto histórico del Cauca, que involucran al narcotráfico, al cultivo de hojas de coca, donde los grupos armados han encontrado un fortín para el procesamiento y exportación de la pasta base de la coca", dijo Daza.
Muchos residentes consultados, quienes también aseguran que viven en una diaria incertidumbre, afirman que la recuperación de Micay por parte del Ejército “es imposible”.
“No pueden erradicar a tres grupos armados ni con 5.000 soldados. Esto se arregla con inversión social. La llegada del ejército genera desplazamiento y crea un actor armado dentro de otro. El ejército en estos casos genera más zozobra, abre la brecha para que, entre ellos, los mismos grupos se desplacen de un lugar a otro. El ejército no es eterno aquí”, expresó otro residente que no se identificó argumentando razones de seguridad.
El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, afirmó a la VOA que siguen combatiendo a estos grupos armados. A la vez admitió que quisiera que la acción de la sociedad y el gobierno fuera "mucho más ágil en la trasformación económica" de estos territorios.
"¿Por qué la gente siembra coca? Porque no tienen otra opción", admitió el ministro colombiano del Interior. "Ayudémosle a que siembren café, cacao. ¿Por qué hay gente en la minería ilegal? Porque no los hemos formalizado y entonces los perseguimos y terminan en brazos del Clan del Golfo y de organizaciones paramilitares", reconoció. "Formalicémosle, hagamos una reforma, permitamos que ellos trabajen dentro de la legalidad".
Velasco criticó que no haya pasado en el Congreso una ley para aprobar el uso recreativo de la marihuana. "Si no somos capaces de entender la lógica del conflicto actual, cuál es la influencia del tráfico de cocaína, cuál es la influencia de la minería ilegal en el conflicto, estamos perdidos", sentenció el ministro del Interior.
Luis Fernando Velasco, Ministro del Interior de Colombia
Luis Fernando Velasco, Ministro del Interior de Colombia
Varios residentes locales dijeron a la VOA que cualquier gesto o movimiento que amenace los límites impuestos por estos actores armados es una razón para desatar un nuevo enfrentamiento. Si alguien de un bando -por ejemplo- ve a una persona hablar con habitantes de zonas bajo el dominio de un grupo enemigo, esto puede desencadenar en un tiroteo, una masacre o el asesinato de un líder social, contaron los residentes de la zona.
"La clave para sobrevivir es guardar silencio", dijo el hombre, quien desconfía en que la recuperación de la zona por parte del ejército pueda ayudar a resolver la problemática. “Los lugareños no tienen ayuda del Estado”, afirmó.
“Nos acostumbramos a vivir en medio del conflicto y de los intereses de los grupos armados. En este momento tenemos la presión constante del ejército y de los que quieren entrar a la región, y el mayor temor es el de los desplazamientos o los asesinatos que realizan grupos armados y quienes se disputan la zona”, apuntó.
Algunos campos han sido minados por quienes buscan contener el avance del ejército, provocando que las comunidades se desplacen hasta las cabeceras municipales en busca de protección, aunque sea de forma transitoria. Desde el año 2020, las autoridades municipales han reportado más de 20.000 desplazados.
En septiembre pasado, unas 200 familias de las veredas La Balastrera y El Pepinal se refugiaron en el coliseo del pueblo huyendo de la violencia, a su suerte y en condiciones infrahumanas.
El 90 % de los habitantes de El Plateado vive prácticamente del cultivo de la coca, desde la siembra y el raspado de la hoja hasta en los laboratorios de pasta base y el clorhidrato de cocaína (procesos para crear la cocaína). "Les están dejando como única opción ser raspachines (personas que recolentan las hojas de coca durante las cosechas) en las zonas precisamente de conflicto", dijo el líder indígena Velasco Tumiñá.
Los que no subsisten de la hoja de la coca inevitablemente también son impactados en una economía basada en ese cultivo.
José Zúñiga, un cerrajero que vive en El Plateado desde hace 24 años, dijo que algunos quieren hacer algo más que no sea cultivar coca, pero lamenta que ha sido complejo porque “nunca ha habido apoyo del gobierno”. Para mostrarlo, explica que es la propia gente del lugar la que ha construido las carreteras y caminos para poder trasladarse de un sitio a otro.
Los otros factores de la caída del mercado de la coca, de acuerdo con los mismos cocaleros e integrantes de las redes del tráfico ilegal, están relacionados con cambios en el mercado negro de la droga y la subida de precios en insumos como el combustible.
Habitantes de la zona también denunciaron la presencia más reciente de un grupo al margen de lo ya existente que se autodenomina “Los Pocillos”. Algunos sostienen que se trata presuntamente de firmantes de la paz que habrían entablado una alianza con el ejército para presionar la salida de los disidentes del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central y garantizar, a cambio de dádivas y otros beneficios asociados al narcotráfico, las rutas de salida de la cocaína hacia el resto del país y al océano Pacífico.
“Es una situación difícil, porque estamos en medio de dos grupos armados, sentimos temor en el momento de hablar, porque si no es uno, es el otro. Estamos hablando de Carlos Patiño en el Plateado; hablamos de la Segunda Marquetalia con una alianza de Los Pocillos para la parte del Sinaí y del Ejército que también tiene alianza con esos grupos. Por ese motivo no nos atrevemos a hablarlo a la luz pública. Tapo mi rostro por temor a que me pase algo. Es la pelea por el narcotráfico y la mafia. Siempre salimos afectados como población civil”, dijo una mujer que pese al miedo sostuvo su denuncia en la entrevista con la VOA. Estas denuncias no han sido ignoradas por el gobierno de Petro.
Medios colombianos han confirmado algunas de esas denuncias sobre un supuesto acuerdo entre el Ejército Nacional de Colombia y grupos insurgentes que se oponen a la presencia de las disidencias. La revista Cambio publicó audios donde presuntamente se escuchaba al mayor general Hernando Herrera Díaz, comandante de la Sexta División del Ejército, admitir su participación en varias reuniones con miembros de Los Pocillos y guerrilleros del ELN para presionar la salida de las disidencias.
Esta revelación y otras quejas sobre corrupción al interior de las tropas por parte de la comunidad desencadenaron una crisis institucional que llevó al gobierno de Gustavo Petro a reemplazar los mandos asignados a estos territorios, pero la situación se tornó más grave cuando varios videos publicados en las redes sociales mostraron cómo civiles retuvieron a militares por largas horas para expulsarlos de sus poblaciones. Las autoridades atribuyeron esta situación a la manipulación que ejercen los grupos armados sobre los habitantes de esta región.
El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, aseguró a la Voz de América que están en curso las investigaciones para determinar la veracidad de las denuncias sobre la presencia del grupo armado “Los Pocillos” y la presunta participación de la fuerza pública en temas de narcotráfico. Aseguró que un extenso documento sobre las presuntas irregularidades e investigaciones internas ya reposa en la Fiscalía General de la Nación.
“Será la Fiscalía la que determine el vínculo que haya entre la Fuerza Pública y estas estructuras al margen de la ley”, dijo el general a la VOA.
“Sé que hay unos firmantes de paz involucrados en esta situación, adelantamos operaciones ofensivas en este caso contra la Segunda Marquetalia. Nos lo demanda la Constitución, y son muy contundentes por el daño que ocasionan allá, sobre todo por la muerte de líderes. Con respecto a los firmantes de paz, desconozco qué pruebas existen, si están haciendo el bien o el mal, eso lo determinarán las investigaciones que se están realizando al respecto”, agregó el alto mando en respuesta a la consulta sobre las denuncias sobre la supuesta alianza de miembros del ejército con “Los Pocillos”, catalogado como el cuarto actor armado que opera en la zona.
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La crisis de
los campesinos cocaleros
El corregimiento San Juan del Micay tiene unos 4.000 habitantes y, al igual que en todo el Cañón, su economía se basa en extensos sembradíos de coca. La inflación galopante contrasta con la falta de acceso a los servicios básicos de salud, educación, cultura y de proyectos agrícolas que garanticen una vida digna.
La crítica situación económica en la zona se refleja en un destartalado colegio, un puesto de salud sin medicinas ni insumos para atender una emergencia, un pueblo sin alcantarillado ni agua corriente y donde un almuerzo cuesta 30.000 pesos, equivalente a unos 8 dólares. En el resto del país, este almuerzo y una botella de agua no suman más de 5 dólares.
Si alguna vez hubo sensación de abundancia, en el San Juan del Micay hoy los hoteles están vacíos, muchas tiendas de ropa están cerradas y parte de lo que se vende tiene fecha de caducidad vencida.
¿Por qué con tanta coca los residentes del Micay viven en condiciones de pobreza? Me pregunto.
De acuerdo con cocaleros de la zona consultados por la VOA, los precios de la hoja de coca han caído hasta en un 45 % y de la pasta base hasta en un 30 % en cuestión de un año. La arroba (casi 15 kilogramos) de hoja de coca costaba 65.000 ó 70.000 pesos, equivalente a unos 18 dólares y hoy su precio está casi a la mitad, en 38.000 pesos o 9,6 dólares.
Sergio Galindo, cultivador cocalero, explicó que el negocio se ha deteriorado tanto que el porcentaje de ganancia es mínimo. Factores como el alza en los precios de los combustibles, los fertilizantes, los costos del transporte y la mano de obra hacen que la cosecha sólo deje pérdidas.
Una solución -dice Galindo- es que podría dedicarse a sembrar café, aguacate, mandarina o guanábana, pero opina que encauzar estos cultivos y su comercialización es mucho más complejo que continuar cultivando coca y venderla a los que la procesan.
“El 95 % de los campesinos de esta zona vivimos de los cultivos de coca. Afuera acceder a un crédito o a un territorio para sembrar es casi imposible”, dijo Galindo. “Acá hay zonas baldías, tumbamos la montaña, vamos sembrando nuestras matas y la levantamos en siete meses”, agregó.
En la cadena le siguen los que se dedican a procesar la pasta o la base, una transformación artesanal de la hoja de coca en los llamados “laboratorios” que no son más que precarias construcciones de latas, lonas y tablas en la que se procesan toneladas de hoja de coca cada mes.
“Aquí tenemos tres trabajadores estables. Mi esposo es quien la procesa, es el químico y los demás hacen otras cosas, como recoger la hoja en las fincas”, explicó la propietaria de un laboratorio que funciona como empresa familiar y que no quiso revelar su identidad.
Para convertir la coca en pasta o base se requieren precursores químicos como cal, amonio, gasolina, cemento y ácido sulfúrico para extraer el alcaloide de la hoja, blanquear y eliminar las impurezas de la masa gelatinosa color café que resulta del proceso primario.
La mujer dice que su laboratorio paga a los campesinos el precio más barato posible, unos 35.000 pesos por arroba, que equivale a 8,9 dólares y se encargan de recoger la hoja en las fincas.
Además explicó que el gramo de pasta base se está cotizando entre 2.400 y 2.500 pesos, equivalentes a unos 2.400.000 pesos por kilogramo o 611 dólares. En años anteriores llegó a costar entre 3.400 y 3.500 pesos el gramo, que equivale a unos 3.400.000 pesos por kilo o 866 dólares.
“Todos los sábados se saca el producto, pero se estanca porque no han dejado entrar compradores, porque quieren venir a comprar a menos precio y eso no nos sirve, está muy barato”, agregó la mujer.
Como resultado, a menudo se ven en las fincas bultos llenos de hojas y de pasta base a la espera de ser adquiridos por los traficantes a gran escala.
"La guerra focalizada en el Cauca ha tenido tantas causas encontradas que hoy en día es una guerra amorfa. Hoy no hay una razón territorial o política, hay una razón económica de la ilegalidad".
Miguel Augusto Velásquez, docente e investigador de la Universidad Santiago de Cali
Miguel Velásquez, investigador de la Universidad Santiago de Cali, sostiene que los cambios en las estrategias antinarcóticos implementadas por el gobierno de Petro, enfocadas al tráfico ilegal y no a la siembra, han avivado los enfrentamientos con la fuerza pública regular y generado el reemplazo reciente de los mandos militares que controlaban la región por presuntas denuncias de que habrían pactado con grupos armados para no interferir las rutas de salida de la droga a cambio de dádivas.
“La coca sigue siendo el motor económico y la población civil, con su participación ocasional o circunstancial, asumen un rol de víctimas partícipes, poniendo fuerza de trabajo para la producción o poniendo fuerza de guerra, porque los jóvenes pasan a ser soldados de la mafia y los carteles, ya sean guerrillas o grupos de narcotraficantes particulares”, dijo el investigador.
La población civil en el Cauca es diversa, compuesta por indígenas, negros y mestizos.
Alejandro Ocampo, representante a la cámara por el partido de gobierno, Pacto Histórico, sostiene que en Colombia se ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que reconoce las debilidades en el rol del Estado. “Hoy se siembra, se cosecha, se transforma, pero sacarlo es difícil, al no sacarlo hay crisis de venta, y eso hace que el precio baje. En algunas partes hay hojas procesadas en las casas que no han logrado vender”, dijo el político.
Estefanía Ciro, directora de “A la orilla del Río", un centro de pensamiento e investigación sobre las problemáticas sociales que aquejan al país colombiano, dijo que a pesar de la crisis, “el mercado de la cocaína no va a desaparecer”.
“El punto es dejar de creer que esto se va a acabar”, afirmó la especialista, argumentando que el mercado está creciendo en Asia, África y América Latina.
El gobierno de Petro ha reconocido el incumplimiento de las políticas de sustitución de cultivos que condiciona la asistencia del Estado al levantamiento de las siembras de coca y ha propuesto entrar a estos territorios no con erradicación ni con la simple propuesta de sustituir los cultivos, sino con proyectos de emprendimiento y programas de asistencia que infundan confianza a los cultivadores, y luego, ganas de participar de una transformación gradual.
“Hay que transformar una fuente de ingresos que se origina en una economía ilícita hacia darles la oportunidades para entrar en un economía lícita, y esa transformación es imposible solo con un cambio de cultivos, se necesita industrializar los productos, que empecemos a generar para efectos que ellos, los campesinos, se beneficien de un valor agregado, como hoy se benefician del valor agregado en el proceso en que la pasta base se produce en el campo”, dijo Felipe Tascón, director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, operado por el Estado.
“Si van a sembrar plátano, como hay que sacar el producto por las vías de acceso que no están construidas para luego transformarlo en derivados como la harina de plátano, entonces la industrialización consistiría en sembrar y producir la harina en el mismo territorio, por ejemplo”, explicó Tascón.
Como resultado, a menudo se ven en las fincas bultos llenos de hojas y de pasta base a la espera de ser adquiridos por los traficantes a gran escala.
La autogestión:
la alternativa en San Juan del Micay
En San Juan del Micay fue levantado el colegio Nayitas, con el esfuerzo colectivo y dinero proveniente del cultivo de coca de la comunidad. La escuela la dirige Cecilia Suárez, quien lamenta la desigualdad en temas tan importantes como la educación pública en esta zona del suroccidente de Colombia. “Acá no ha estado la mano del Estado”, dijo la directora de la escuela a la VOA.
La intermitencia marca el ritmo del aprendizaje en este territorio disputado por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otros grupos rebeldes y, recientemente, el Ejército colombiano.
Cuando los fusiles se silencian, lo que sobreviene es un nuevo plazo para el retorno de los docentes, que salen despavoridos tras cada enfrentamiento, pero vuelven a las jornadas académicas por vocación.
Los habitantes de la zona dicen que han implementado peajes en las entradas y salidas de las poblaciones para recaudar dinero y construir vías, con la venia de las disidencias de las FARC.
Juan Pablo Giraldo, uno de los líderes sociales del San Juan del Micay, asegura que por iniciativa propia las comunidades se han organizado para instalar los peajes para recaudar el dinero necesario para construir vías de acceso y puentes.
“Tenemos maquinarias propias, retroexcavadoras y volquetas para el mantenimiento de nuestras vías. Todo aquel que tiene su vehículo hace su aporte. También se les cobra a las motocicletas entre 2.000 y 10.000 pesos", dijo Giraldo.
Con esa misma maquinaria la comunidad espera terminar de construir un polideportivo que está en la primera etapa de construcción por falta de dinero. También es prioridad mejorar el servicio de energía, que depende del corregimiento vecino de El Plateado, porque resulta insuficiente para iluminar la localidad. A falta de un acueducto y un alcantarillado, la comunidad gestiona la recolección de agua con mangueras y recipientes, así como el manejo de los desechos.
Agripina Aguirre, presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Juan del Micay, explicó la larga lista de necesidades que tiene esta población, empezando por la falta de garantías en los servicios públicos. La energía y el agua son intermitentes. Las familias acuden al río Micay y allí se bañan, lavan sus ropas y llevan agua en baldes para el hogar.
Igual de crítico es el servicio de salud. La atención se cumple bajo el mismo mecanismo de los peajes: con colectas de los habitantes para pagar transporte y médicos de Popayán, la capital del Cauca, ubicada a siete horas por carretera del San Juan del Micay y a donde deben ser remitidos los enfermos y heridos. Hay un puesto de salud, pero solo es atendido para incidentes menores por una enfermera que gasta largas horas en su desplazamiento desde El Tambo.
Diego Aguilar, ex secretario de gobierno del Cauca, reconoce la ausencia del Estado. A su juicio, los cortos recursos asignados a las autoridades locales, el olvido del gobierno central y la corrupción son históricas en estas comunidades.
Una de las problemáticas que ha vuelto con mayor persistencia al Cauca es el reclutamiento de menores. De las 35 Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en 2023, 29 están relacionadas con riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, sobre todo pertenecientes a las comunidades indígenas.
Los casos conocidos por la entidad suman 166, de los cuales, según los reportes, 124 han ocurrido en el Cauca.
De acuerdo con Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, en cuestión de cinco años la violencia vivida en la región y la indiferencia del Estado precipitaron el fortalecimiento de las disidencias de la guerrilla, así como el crecimiento de las hectáreas cultivadas con hoja de coca (un 70% más entre 2021 y 2022). El consecuente impacto negativo en la economía regional y nacional se ha visto reflejado en una preocupante contracción de un 1.9 % en el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y en una caída de hasta el 60 % en la dinámica comercial del departamento del Cauca, de acuerdo con datos entregados por este gremio.
Estar en el estratégico Cañón del Micay es intenso, desafiante, retador, es ver la otra cara de la moneda, la otra Colombia que vive entre la ilegalidad, la falta de presencia del estado, el abandono y las ganas de una oportunidad diferente a las históricas, pero al final, es ver de cerca la vida en medio del conflicto más largo de este país latinoamericano.
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