El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador, pero otorga un periodo de gracia de 18 meses para que la decisión sea efectiva. Son unos 200.00 afectados.
El Departamento de Estado dice que la ley de prohibición de viaje del presidente Donald Trump que afecta a ciudadanos de seis países mayormente musulmanes, Corea del Norte y Venezuela ha entrado en vigencia completamente. El anuncio se produce después que la Corte Suprema decidiera a principios de esta semana permitir el cumplimiento de la ley mientras continúan las querellas en los tribunales inferiores.
Sesenta mil ciudadanos haitianos que buscaron refugio en Estados Unidos luego de que un devastador terremoto en 2010 devastara la nación caribeña, tendrán que regresar a su país antes de julio de 2019 cuando finalice su Estatus de Protección Temporal (TPS) que les permitió quedarse durante siete años.
El Departamento de Seguridad Nacional anuncia que eliminará en enero de 2019 el estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ampara a ciertos nicaragüenses que residen en EE.UU. y postergará hasta julio la decisión definitiva sobre este beneficio para los hondureños.
“DACA is being rescinded,” Attorney General Jeff Sessions announces, ending President Barack Obama’s five-year-old Deferred Action for Childhood Arrivals program. There are currently about 800,000 DACA recipients in the U.S. No DACA authorizations will be revoked before March 5, 2018 if those whose permits expire during that time apply for renewals in early October. But all DACA authorizations will have expired by March 2020. The six month delay is intended to give Congress a chance to act on the program.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) pone fin al programa de libertad condicional de Menores Centroamericanos (CAM), que otorgó residencia temporal legal en Estados Unidos a menores de América Central.
El presidente Barack Obama estableció el programa CAM en 2014 como respuesta a una afluencia ilegal de menores no acompañados de El Salvador, Guatemala y Honduras.
El programa permitió a los jóvenes menores de 21 años ingresar a Estados Unidos con una libertad condicional renovable de dos años si tenían un padre ya presente legalmente en el país. The Washington Post informó que la terminación de la libertad condicional excluye a 2.714 menores que tuvieron aprobación condicional para ingresar al país.
Desde el pasado mes de enero, las autoridades de inmigración deportaron más de 105.000 inmigrantes, 42% de los cuales no había cometido crímenes o delitos, según reportó The Washington Post.
En 2016, 121.170 fueron deportados en el mismo periodo. El diario indicó que la declinación se debe en parte a la disminución en el número de personas que cruzan la frontera y también porque muchas de estas personas arrestadas por los agentes de inmigración nunca han cometido crímenes o delitos y están llevando sus casos ante un juez de inmigración.
Los tribunales están sumamente congestionados. A finales de mayo, un reporte de la Universidad de Syracuse informó que tenían un atraso de casi 600.000 casos.
El proyecto de ley redactado por los senadores Tom Cotton y David Perdue reduciría la inmigración legal en un 50%. Establece un sistema de méritos para recompensar a los aspirantes, otorgando puntos por hablar inglés y tener habilidades especiales. Uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, Stephen Miller, describió la medida como “poner en primer plano a las familias estadounidenses” y “como un cambio permanente en la inmigración que perdurará a través del tiempo”. El proyecto de ley enfrenta un camino difícil en el Senado.
El número de refugiados que llegan a Estados Unidos disminuyó drásticamente en julio, cayendo a su nivel mensual más bajo en más de una década después que entrara en vigencia la prohibición de viaje. Según datos del Departamento de Estado de EE.UU. en julio llegaron 1.224 refugiados, menos que cualquier otro mes desde el año 2007.
Por segunda vez se retrasa el nombramiento de los constructores de prototipos del muro fronterizo con México. La postergación es hasta noviembre porque dos compañías se opusieron al proceso de licitación. Pero la Patrulla Fronteriza y Aduanas está llevando a cabo un plan para construir un tramo de casi cinco kilómetros de muro en el refugio de vida silvestre de Santa Ana.
El Departamento de Justicia dice que está intensificando su represión en las jurisdicciones llamadas santuarios, asegurando que ya no concederá fondos de subvención a las ciudades a menos que éstas den a las autoridades federales de inmigración acceso a las cárceles y aviso previo cuando alguien que carece de estatus legal en el país está a punto de ser liberado en su jurisdicción.
Se añaden 15.000 visas de trabajadores temporales, un aumento autorizado solo una vez. El complejo turístico de Trump en Florida, Mar-a-Lago, busca obtener 70 de ellas.
Una notificación filtrada a la prensa muestra que la administración Trump está considerando expandir los poderes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) para acelerar las deportaciones.
El secretario John Kelly dice a los legisladores que el programa DACA probablemente no resistirá un desafío legal. Diez gobernadores republicanos amenazaron con demandar al gobierno si no se terminaba el programa antes del 5 de septiembre.
Se ha advertido también que es probable que se elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a ciudadanos de 10 países que se consideran inseguros. El TPS les permite vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos y los protege de la deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emite un anuncio que posterga la implementación de un programa internacional para emprendedores hasta marzo de 2018. El DHS planea solicitar comentarios públicos sobre por qué el programa debe ser desechado.
Anteriormente, el DHS había estimado que el programa daría lugar a 3.000 nuevos emprendedores anualmente y crearía empleos.
La ley de prohibición de viaje que afecta a seis países mayoritariamente musulmanes entra en efecto. Usando el fallo de la Corte Suprema solo se permite el ingreso a personas con vínculos familiares, comerciales o educativos de “buena fe”.
A través de una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump rescindió una regulación de la era de su antecesor, Barack Obama, para acelerar el procesamiento de visas.
El Departamento de Seguridad Nacional pone fin formalmente a DAPA, el programa que protege de la deportación a padres indocumentados que tienen hijos estadounidenses. DAPA ha estado en litigio desde 2005, pero nunca entró en efecto.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, emite un memo definiendo las ciudades santuario como aquellas que “voluntariamente se niegan” a cumplir con una ley federal que prohibe a los gobiernos locales que sus agentes de la ley compartan información sobre el estatus migratorio de las personas que están bajo su custodia.
El Departamento de Estado emite normas de “emergencia”, pidiendo un mayor escrutinio de los solicitantes de visas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emite dos solicitudes de propuestas para empresas interesadas en construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Se elegirán de 8 a 10 ganadores para construir prototipos de barreras de hormigón y no-hormigón en la frontera cerca de San Diego, CA. Aunque no se construirá ningún muro pronto, la conversación tiene un efecto escalofriante y los cruces fronterizos ilegales comienzan a disminuir.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, implementa las dos órdenes ejecutivas de Trump a través de memorandos.
Estas órdenes eliminan la prioridad para deportación de aquellos que han cometido crímenes. “A menos que se indique lo contrario, el personal del Departamento puede iniciar acciones coercitivas contra los extranjeros extraditables encontrados durante el desempeño de sus funciones oficiales”, escribió Kelly.
Los memorandos también amplían la definición de “extranjero criminal”. Cualquier persona que ha sido condenada por un crimen, ha sido acusada de un delito o ha cometido una acción que podría ser un “delito penal imputable” puede ser deportada.
Tercero, los memorandos hacen un llamado para incrementar la implementación del programa 287 (g), el cual permite a la Policía actuar como oficiales de inmigración, es decir identificar extranjeros indocumentados que están bajo custodia y reportarlos a las autoridades de inmigración.
A cinco días de asumir la presidencia, Trump emitió dos órdenes ejecutivas anunciadas bajo las premisas de mejorar la aplicación de la ley de inmigración y mejorar la seguridad pública interna del país.